El silencio nunca ha sido una buena respuesta cuando lo que está en juego es la salud de las personas.

El pasado 17/julio, el diario La Tribuna de Ciudad Real publicaba un articulo de opinión de nuestro neurocirujano Vicente Calatayud. Una reflexión en voz alta que transcribimos a continuación.

Después de más de cuatro décadas dedicadas a la medicina, primero como especialista formado en Alemania y posteriormente participando en la creación y desarrollo de los servicios de Neurocirugía de Girona y, más tarde, del primer servicio de Neurocirugía de Castilla-La Mancha en Albacete, ejerzo actualmente como neurocirujano en Ciudad Real. Esta trayectoria profesional me obliga, por responsabilidad ética y compromiso con mis pacientes, a compartir una reflexión sobre la situación que vive la sanidad pública en nuestra provincia.  

No escribo estas líneas desde el enfrentamiento ni desde el interés personal. Tampoco desde el desánimo. Lo hago porque sigo creyendo profundamente en la sanidad pública y porque estoy convencido de que señalar sus deficiencias no significa atacarla, sino contribuir a mejorarla. El silencio nunca ha sido una buena respuesta cuando lo que está en juego es la salud de las personas.

Recientemente hemos conocido la resolución judicial que condena al SESCAM a indemnizar con un millón de euros a un paciente por las graves consecuencias derivadas de una intervención quirúrgica realizada en Ciudad Real. Más allá de la cuantía económica, la sentencia pone de manifiesto un problema que debería preocuparnos a todos: una reclamación sin resolver durante años, un silencio administrativo injustificable y la sensación de que las instituciones reaccionan cuando el daño ya es irreversible.  

Los errores médicos pueden producirse en cualquier sistema sanitario. Ningún profesional está libre de ellos y la medicina, por definición, no es una ciencia exacta. Sin embargo, una cosa son los errores inherentes a la práctica médica y otra muy distinta las deficiencias organizativas o la falta de respuesta institucional cuando los propios profesionales alertan de situaciones que requieren una actuación rápida.

Durante el tiempo que llevo trabajando en Ciudad Real he remitido diversos informes a la Dirección Médica y a la Gerencia poniendo en conocimiento casos que, desde el punto de vista neuroquirúrgico, precisaban una resolución preferente. No me refiero a emergencias vitales, sino a pacientes cuya demora asistencial podía traducirse en más dolor, mayor discapacidad o secuelas permanentes.

He visto pacientes con fracturas vertebrales muy dolorosas, hernias discales con déficit neurológico, compresiones medulares o enfermedades degenerativas de la columna permanecer ingresados durante semanas sin recibir el tratamiento quirúrgico que necesitaban. Algunos fueron dados de alta sin haber solucionado el motivo de su ingreso; otros terminaron recurriendo a la asistencia privada, asumiendo un coste económico que nunca debería recaer sobre quien ya sostiene el sistema con sus impuestos.

La realidad detrás de las listas de espera

Las listas de espera suelen utilizarse como uno de los principales indicadores para valorar el funcionamiento de un servicio sanitario. Sin embargo, en ocasiones los números, por sí solos, no cuentan toda la historia.

Los datos oficiales del Servicio de Neurocirugía de Ciudad Real reflejan un determinado número de pacientes pendientes de intervención y una distribución concreta según el tiempo de espera. Pero esos mismos datos plantean una cuestión que considero esencial.

Si las cifras publicadas describen fielmente la realidad asistencial, resulta difícil comprender cómo pacientes con indicación quirúrgica preferente —sin encontrarse en una situación de riesgo vital inmediato— no reciben una respuesta dentro de unos plazos clínicamente razonables.

Y si, por el contrario, la experiencia diaria de quienes atendemos a estos pacientes no coincide plenamente con esos indicadores, también es legítimo preguntarse si las cifras oficiales reflejan con exactitud la realidad asistencial o si determinados criterios administrativos pueden ofrecer una imagen parcial del problema.

No pretendo cuestionar la veracidad de los datos publicados. Lo que planteo es una reflexión que considero necesaria: cuando la experiencia clínica y los indicadores oficiales parecen transmitir mensajes distintos, corresponde a los responsables sanitarios explicar esa diferencia y garantizar la máxima transparencia.

Porque, al final, la verdadera pregunta no es cuántos pacientes esperan una operación, sino si aquellos cuya situación clínica requiere prioridad están siendo intervenidos cuando realmente lo necesitan.

Cada semana de demora puede significar más dolor, una pérdida funcional irreversible o una disminución de la calidad de vida que quizá podría haberse evitado.

La responsabilidad de gestionar

Gestionar un sistema sanitario no consiste únicamente en administrar presupuestos o elaborar estadísticas. Significa organizar los recursos para que las decisiones clínicas puedan llevarse a cabo en el momento adecuado y garantizar que los pacientes reciban la atención que precisan cuando todavía es útil.

Ciudad Real cuenta con magníficos profesionales. Médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, técnicos y personal administrativo sostienen cada día un sistema que continúa funcionando gracias a su compromiso y dedicación.

Precisamente por respeto hacia ellos es imprescindible diferenciar claramente entre la calidad de los profesionales y las decisiones de gestión. Los problemas organizativos no pueden recaer sobre quienes trabajan diariamente al lado del paciente y, en muchas ocasiones, son los primeros en denunciar las carencias del sistema.

Las críticas no deben interpretarse como un ataque a la sanidad pública. Todo lo contrario. Solo quien cree en ella exige que funcione mejor.

Una reflexión necesaria

Los ciudadanos financian la sanidad pública con sus impuestos y tienen derecho a esperar que funcione con eficacia, transparencia y responsabilidad. También tienen derecho a conocer cuándo existen problemas estructurales que afectan a la asistencia y a exigir que se corrijan.

Las sentencias judiciales pueden reparar económicamente algunos daños, pero nunca devolverán la salud perdida ni el tiempo que un paciente ha esperado innecesariamente.

Ojalá llegue el día en que las noticias sobre nuestra sanidad hablen de innovación, excelencia asistencial y buena gestión, y no de indemnizaciones millonarias, retrasos evitables o reclamaciones que permanecen años sin respuesta.

Porque cuando la gestión falla, quien verdaderamente paga las consecuencias nunca es la Administración.

Es el paciente.

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